Entrevistamos a los autores del Informe de la Comisión de Verdad y Justicia, para conocer más sobre el proceso de investigación de las casi 8 millones de tierras malhabidas dadas a amigos de la dictadura stronista, empresarios, extranjeros, e incluso narcotraficantes.

Redacción: Cony Oviedo, periodista

En la historia oficial que nos enseñan en la escuela poco o nada sabemos sobre lo que pasó durante el gobierno del dictador Alfredo Stroessner, en muchos casos escuchamos por ahí las famosas frases: “antes se podía vivir mejor”, “antes podías dormir con la ventana abierta”, y en no muchas ocasiones tenemos la oportunidad de conocer la historia reciente, porque hasta la fecha el Estado mismo lo ha negado.

Para comprender mejor el contexto en el que desarrolló el Informe de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) conversamos con quienes formaron parte del equipo, nos contaron por qué definieron investigar sobre tierras malhabidas, qué datos analizaron y lo que significa para la sociedad paraguaya la existencia de casi 8 millones de hectáreas; tierras que no fueron entregadas a familias que debían recibirlas por derecho.

Accedieron a la entrevista con toda la predisposición de hablar sobre el tema y llegar a más paraguayas y paraguayos; el monseñor Melanio Medina, ex-presidente de la CVJ; el sociólogo José Carlos Rodríguez;  y el investigador Dr. Ramón Fogel.

Se cumplen 33 años de la caída de la dictadura más larga de América Latina, durante los 35 largos años han sucedido crímenes de lesa humanidad, atropellos a los derechos humanos, se instaló el narcotráfico, el lavado de dinero, el pokarê de la corrupción, el clientelismo y el prebendarismo; siempre de la mano del partido colorado. Ese mismo pokarê se apropió de manera ilegal de alrededor de 8 millones de hectáreas de tierras que debían ser destinadas a la Reforma Agraria.

Según el Estatuto Agrario, las adjudicaciones de dichas tierras deberían ser destinadas a sujetos de la Reforma Agraria, es decir, personas que cumplan ciertos requisitos: ser paraguayo natural, mayor de edad (18), comprobar que va a producir la tierra y acceder a una sola parcela de tierra.

Sin embargo, durante la dictadura stronista las tierras fueron entregadas a amigos cercanos del gobierno, extranjeros, empresarios, ganaderos, incluso narcotraficantes. 

Investigar la verdad

Luego de la caída de la dictadura y con la transición democrática, la reparación ante los atropellos a los derechos humanos se tornaba una necesidad imperiosa, saber qué pasó durante esos 35 años. Es así que se conforma la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), como una petición de la sociedad civil al Parlamento Nacional que por mayoría aprueba la conformación, posteriormente, en este proceso se debe destacar la labor de las asociaciones de víctimas de las dictadura, la sociedad civil, y organismos de derechos humanos, quienes conformaban la Mesa de la Memoria Histórica.

El rol de la CVJ fue la de investigar en forma oficial varias aristas para lograr conocer la verdad, y así lograr la justicia social histórica, luego de lo sucedido en Paraguay, entre 1954 y 1989, respaldada por la Ley 2225/03. IV CVJ Tierras Malhabidas

Las tierras son un punto central del informe, se dedicó el tomo IV para presentar toda la información relevada respecto a tierras malhabidas, tierras de las que se apropiaron de manera irregular personas que no reunían los requisitos para ser sujetos de la Reforma Agraria, pero sí cumplían un requisito esencial para aquella época nefasta; eran amigos del gobierno de Stroessner, lo que les valió alzarse con miles de hectáreas y dejar sin nada a familias campesinas.

La CVJ, investigó sobre las tierras malhabidas de 1954 al 2003, revisando documentos del INDERT, Registros Públicos y visitando “in situ” las tierras; en dichos documentos se encuentran los nombres, apellidos y hectáreas de tierras. Examinaron un total de 200.705 adjudicaciones con sus respectivas documentaciones, todas fueron dictadas por el INDERT (ex IBR), por ser la institución que administra todos los archivos y documentos del Instituto de Reforma Agraria.

Leyes transgredidas

Con los datos recabados y constatados, en total son seis categorías o patrones los encontrados por el equipo investigador, afirmando conforme a documentos oficiales, como fueron transgredidas varias normas legales:

a) adjudicaciones a personas no beneficiarias del Estatuto Agrario.

b) adjudicaciones de más de un lote geográficamente dispersos a una misma persona.

c) adjudicaciones mayores a las máximas establecidas por la ley para lotes agrícolas en la región Oriental, es decir, las que son superiores a 100 hectáreas.

d) adjudicaciones mayores a las máximas establecidas por la ley para lotes ganaderos en la región Oriental, es decir las que son superiores a 1.500 hectáreas y que no han sido expresamente autorizadas por decreto del Poder Ejecutivo.

e) adjudicaciones mayores a las máximas establecidas por la ley para lotes ganaderos en la región Occidental, es decir, las que son superiores a 8.000 hectáreas.

f) adjudicaciones mayores a la máxima establecida por la ley para lotes agrícolas en la región Oriental que se realizaron desde 1954 hasta 1963, regidas por el Decreto Nº 120 de 1940, vigente al momento de realizarse las adjudicaciones de referencia. 

“Tierras Rurales Mal Habidas en el Paraguay 1954 – 2003 206 de lotes, que comprende una superficie total de 12.229.594 hectáreas, de los cuales 192.722 lotes tienen una superficie total de 3.497.781 hectáreas que corresponden a la región Oriental y 7.985 lotes, con una superficie total de 8.731.813 hectáreas, corresponden a la Occidental. Del total de estas adjudicaciones, 4.241 lotes correspondientes a 3.336 adjudicatarios, que totalizan 7.851.295 hectáreas, han sido adjudicados con graves irregularidades a la legislación agraria. Las leyes transgredidas son: el Decreto-ley Nº 120 de 1940 que crea el Estatuto Agrario; la Ley Nº 854/63 que crea el Estatuto Agrario y reemplazó al anterior, y la Ley Nº 1.863, vigente en la actualidad, sancionada el 20 de diciembre de 2001 y promulgada el 30 de enero de 2002, denominada también Estatuto Agrario y que reemplazó a su vez al anterior de 1963, con sus modificaciones hechas por Ley Nº 2.531 del 29 de diciembre del año 2004. Estas normas jurídicas estuvieron vigentes al momento de las adjudicaciones de referencia”

Informe final Anive Hagua Oiko.

La CVJ define las adjudicaciones de tierras rurales malhabidas como un fraude, además de ser ilegal, porque privaron a familias campesinas a acceder a tierras que les pertenecían por derecho para desarrollar sus vida como sujetos de la Reforma Agraria.  

“Es a todas luces no solamente un acto ilegal y violatorio de los derechos humanos sino también una ofensa a los más caros valores de la nación”

Informe final Anive Hagua Oiko.

Recuperar las tierras malhabidas, una obligación del Estado paraguayo

El informe fue entregado y aprobado por los tres poderes del Estado en el año 2008, con todos los datos presentados, el rol del gobierno paraguayo es cumplir con las obligaciones de: respetar, proteger y realizar los derechos humanos. 

Las graves irregularidades sobre las 8 millones de tierras malhabidas debe llevar a la recuperación de las mismas, ya que las adjudicaciones hechas entre 1954-2003 son nulas. La responsabilidad de ejecutar la justicia social recae en instituciones como el INDERT, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial; son estas instituciones las encargadas de investigar las irregularidades denunciadas para reparar y entregar las tierras a sujetos de la Reforma Agraria.