El pasado 16 y 17 de mayo, el ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, presentó la defensa del informe país ante el Comité de Derechos del Niño (CND) de las Naciones Unidas en Ginebra.
Uno de los puntos más tratados fue la abolición de los enfoques del Plan Nacional de Niñez y Adolescencia 2020- 2024, que incluía enfoques basados en género, participación, diversidad, inclusión, interseccionalidad, autonomía sexual y derechos reproductivos.
Estos enfoques fueron reemplazados por un enfoque familiar, lo que, según el comité, se aleja de la legislación existente en Paraguay sobre derechos de los niños. Este cambio podría ser visto como un retroceso lamentable en la protección de los derechos de la infancia.
Otra preocupación hace referencia a la Circular 005/2022, la cual permite al Ministerio de Exteriores vetar el uso de términos como género, diversidad, interseccionalidad, autonomía, derechos sexuales y reproductivos.
Agenda anti-derechos, Discriminación y Discursos de Odio
El comité también expresó su preocupación por las narrativas anti-derechos y los discursos de odio dirigidos contra la comunidad LGBT, especialmente durante las campañas electorales. Ademas, la falta de legislación antidiscriminación abarcadora.
El vicepresidente del comité de los derechos del niño, Luis Ernesto Pedernera Reyna, recordó al ministro Gutiérrez aquel discurso discriminatorio del ministro de Agricultura, Carlos Giménez: “Entonces, ese discurso anti derecho es preocupante. ¿Pero, y ahí es donde las instituciones tienen que reaccionar, no?
Derogación de las 12 Ciencias, ESI y despenalización del aborto
El 30 de mayo, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas publicó sus recomendaciones para Paraguay.
Uno de los puntos preocupantes es el elevado número de embarazos adolescentes y la prohibición impuesta por el Ministerio de Educación y Ciencia de difundir información adecuada a la edad sobre salud y derechos sexuales y reproductivos en las instituciones educativas.
Por ello, el Comité recomienda que el Estado Parte derogue la Resolución 933/2023 del Ministerio de Educación y Ciencias sobre 12 Ciencias para la educación de la sexualidad y la afectividad y sus correspondientes materiales.
La necesidad de una política integral de salud sexual y reproductiva y educación en género
Además, insta a adoptar una política integral de salud sexual y reproductiva para adolescentes, y a garantizar que la salud sexual y reproductiva, así como la educación en género, formen parte del plan de estudios obligatorio. Esta educación debe estar dirigida a los adolescentes, con especial atención a la prevención del embarazo precoz y las infecciones de transmisión sexual.
Asimismo, recomienda al Estado Parte despenalizar el aborto en todas las circunstancias y garantizar el acceso a servicios de aborto y atención postaborto seguros, oportunos y de calidad para las adolescentes, en particular después de una violación e incesto, asegurándose de que sus opiniones sean siempre escuchadas y se les dé la debida consideración como parte del proceso de toma de decisiones.
Por último, reducir el porcentaje de embarazos adolescentes y las altas tasas de mortalidad materna entre las adolescentes y desarrollar e implementar una política para proteger los derechos de las adolescentes embarazadas, las madres adolescentes y sus hijos e hijas y combatir la discriminación contra ellas.
Otras recomendaciones del CDN
El Comité insta al Estado Parte a que cree un clima de confianza y cooperación con la sociedad civil y a que haga participar sistemáticamente a las comunidades y a la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de niños, en la planificación, aplicación, supervisión y evaluación de las políticas, planes y programas relacionados con los derechos del niño.
El Comité también recomienda a Paraguay asegurar y garantizar que las asociaciones de estudiantes, en particular las de educación secundaria, cuenten con canales de participación en los procesos de discusión de iniciativas que les afecten.
Abuso, descuido, abuso y explotación sexuales
El Comité insta a enmendar el Código Penal para tipificar claramente todos los actos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, con penas proporcionales a la gravedad de los delitos. También recomienda facilitar y promover la denuncia obligatoria de la violencia contra los niños, asegurar que los perpetradores sean denunciados, investigados y enjuiciados con prontitud, y proporcionar recursos, tratamiento y apoyo adecuados a las víctimas. Además, se deben adoptar medidas para la reintegración de los niños víctimas de violencia sexual y garantizar que las niñas víctimas de violación reciban una atención adecuada basada en los derechos humanos.
Edad mínima para contraer matrimonio y educación para todos y todas
El Comité recomiendan abolir todas las excepciones a la edad mínima para contraer matrimonio antes de los 18 años en la ley, y prevenir el matrimonio infantil en la práctica, especialmente en las zonas indígenas y rurales.
El Comité recomienda al Estado parte abordar las causas de la exclusión escolar, incluidas las políticas lingüísticas, para garantizar que todos los niños, en particular los niños indígenas, los niños que viven en la pobreza, los niños con discapacidades y los niños que viven en zonas rurales, asistan a la escuela, y adoptar medidas para abordar las causas de la deserción escolar.
Niños pertenecientes a grupos indígenas
Recordando su Observación general Nº 11 (2009) sobre los niños indígenas y sus derechos en virtud de la Convención, el Comité insta al Estado parte a prevenir los desalojos y el desplazamiento de los pueblos indígenas, incluidos los pastores, los cazadores-recolectores y los habitantes de los bosques.
Garantizar que los niños, niñas y adolescentes indígenas tengan acceso a sus tierras ancestrales, así como a tierras y aguas no contaminadas, y proporcionar reparación a las personas desalojadas o desplazadas de sus tierras.
Controlar el cumplimiento de medidas ambientales y prevenir contaminación por plaguicidas
El Comité sugiere que el Estado evalúe los efectos de la contaminación del aire, agua, suelo y electromagnética en la salud de los niños para diseñar una estrategia adecuada que remedie y prevenga futuros problemas. También se recomienda analizar el impacto de los plaguicidas, especialmente en comunidades indígenas, y tomar medidas basadas en los resultados. Además, se debe monitorear el cumplimiento de las normas ambientales y sancionar a los infractores.
Recordando su Observación general Nº 13 (2011) sobre el derecho del niño a no ser sometido a ninguna forma de violencia, el Comité insta al Estado parte a:
Hacer cumplir la prohibición de la tortura y garantizar que las denuncias de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de niños, incluso en las comisarías de policía y en las instituciones donde se priva de libertad, se presenten debidamente que se investigue, que se castigue a los autores de manera proporcional a la gravedad de sus actos y que los niños víctimas reciban recursos efectivos y servicios psicosociales.
Incorporar la perspectiva de género
Asimismo, incorporar la perspectiva de género en los planes y acciones basadas en el riesgo para responder a las emergencias y asegurar una línea de acción vinculada a la protección de los niños, niñas y adolescentes frente a todo tipo de violencia.
Finalmente, adoptar medidas para prevenir, detectar, procesar y enjuiciar eficazmente el abuso sexual de niñas y niños indígenas, tanto en línea como en el contexto del turismo.
