En la semana de la 54ª Asamblea General de la OEA en Paraguay, varios referentes religiosos realizaron lobby con legisladores, ministros e incluso con el presidente. En su mayoría hombres, se reunieron con el fin de «satanizar» el feminismo y la igualdad de género.
Ayer llegó a su final la 54 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se llevó a cabo del 26 al 28 de junio, bajo el lema “Integración para el desarrollo sostenible de la región”.
En el denominado “Diálogo de las organizaciones de la sociedad civil y otros actores con Jefes de Delegación y la Secretaría General de la OEA”, el viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Alfredo Verdún, pronunció un discurso alineado con posturas antiderechos y mantuvo firme a Paraguay en su posición antigénero. Durante su intervención, afirmó:
«En línea con su marco constitucional. Así también adopta una interpretación del término género basada en el sexo biológico de las personas. Reconociendo únicamente dos categorías: hombre y mujer».
La constitución nacional, en su artículo 46 consagra lo siguiente: Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones.
Más allá del énfasis que Paraguay pone en su interpretación de la palabra «género», esta postura fomenta un ambiente discriminatorio, negando los derechos de las personas LGBTQI+ e impidiendo cualquier avance hacia el reconocimiento pleno de sus derechos. Esta situación es un grave un retroceso.
“Rechazamos cualquier intento de utilizar el argumento del discurso de odio para silenciar voces de algunos sectores. Este rechazo, en menoscabo de la libertad de pensamiento y expresión que representan las bases de toda sociedad democrática”, vicecanciller Victor Verdún.
Un discurso orientado a satisfacer las demandas de grupos antiderechos, quienes vitorearon en cada momento que el delegado parecía hablar en su nombre, en lugar de representar a toda una población, la cual se encuentra sumida en la desigualdad, la violencia de género y el abuso sexual infantil.
Antiderechos en el Congreso
En este mismo momento, el senador cartista Gustavo Leite, junto con otros grupos antiderechos, impulsan el proyecto de ley que pretende criminalizar a aquellos que trabajan por los derechos de las personas LGBTQI+, bajo el título “La ideología de género es abuso infantil”.
Un proyecto similar había sido presentado por la senadora cartista Lizarella Valiente en el 2023, pero dio marcha atrás al verse acorralada por especialistas en derechos humanos y género, quienes fundamentaron que dicho proyecto pretendía criminalizar a las personas LGBTQI+, las organizaciones defensoras de derechos humanos y a las mujeres, calificándolo como inconstitucional.
Mientras el delegado de Paraguay ante la OEA sostenía que «no existe un discurso de odio en Paraguay», un grupo considerable de personas se manifestaba frente a la sede de la Conmebol. Un total de 60 organizaciones de mujeres paraguayas, junto a activistas y defensores de derechos humanos de otros países, marcharon para exigir al canciller nacional que abogue por la igualdad de género.
Abiertos al diálogo, pero solo con grupos antiderechos
El 13 de junio, representantes de la Iglesia Católica, Iglesias Evangélicas y la Alianza Evangélica Latina hicieron lobby en la Cancillería para manifestar su rechazo “a las políticas exteriores feministas orientadas a la eliminación de todas las formas de desigualdad, discriminación y violencia en las Américas”.
El 21 de junio, el monseñor Adalberto Martínez se reunió con el presidente Santiago Peña para expresar la postura de la Iglesia sobre la Asamblea de la OEA. El monseñor expresó su preocupación por ciertas resoluciones aprobadas por otros países sobre la vida y la familia “que son contrarias a las tradiciones culturales, así como al marco institucional y la soberanía”.
El 25 de junio, la Fundación Visión organizó un «Desayuno de Diálogo: Paraguay es Vida, Familia y Soberanía», en el cual convocó a diversas autoridades del gobierno, como el ministro de la Niñez, Walter Gutiérrez; el ministro del Interior, Enrique Riera; el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre; el pastor Miguel Ortigoza de Capitol Ministries; el pastor Juan Cruz Cellamare, presidente de la Red Chaqueña de Comunicaciones (RCC) y de la ONG evangélica Funda Joven, la cual tiene convenios con el MEC y el Ministerio de la Niñez.
El 26 de junio, en el Congreso, los senadores cartistas Basilio Núñez, Lizarella Valiente y Natalicio Chase, se reunían con representantes de una ONG provida con sede en Washington, quienes realizaron denuncias contra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que forma parte de la OEA, de recibir financiamiento condicionado de otras ONGs internacionales.
Ese mismo día, pero horas más tarde, el presidente Santiago Peña, durante la sesión inaugural de la Asamblea de la OEA en el Banco Central del Paraguay, manifestó lo siguiente:
“El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es reconocido como uno de los más sólidos a nivel mundial”
En contraste con lo que consagra la Constitución Nacional, que establece que la República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, el gobierno actual ha privilegiado a un solo sector acostumbrado a los discursos de odio y discriminación, otorgándoles espacio y voz. Mientras tanto, otros sectores de la sociedad, como la comunidad LGBTQI+, han sido sistemáticamente rezagados y excluidos del diálogo y las políticas públicas.
En este contexto, el día de ayer, la activista Yren Rotela abordó al presidente y le preguntó: “Presidente, así como hablas con la gente provida, yo también te pido que hables conmigo. ¿Yo quisiera preguntarte si vas a poder hablar también con la comunidad LGBTI?” A lo que el presidente contestó que está dispuesto a hablar con todos.
Paraguay “provida” y el embarazo de niñas y adolescentes
Durante la sesión inaugural, el presidente Peña declaró al Paraguay como “provida” y “profamilia:
“En este contexto, el Paraguay reafirma con gran vigor y fuerza su compromiso de proteger la vida humana desde la concepción y defender a la familia como célula fundamental de la sociedad”
El vicecanciller Víctor Verdún en la Asamblea General de la OEA: “Y, por último, deseo dejar constancia para que no quepa duda: el Paraguay es vida, el Paraguay es familia y el Paraguay es soberano”
El gobierno actual ha adoptado una postura “a favor de la vida”, obviando el alarmante índice de abuso sexual infantil que conduce a embarazos en niñas y adolescentes. Este tema se abordó de manera específica en un diálogo con la sociedad civil, donde la abogada Mirta Moragas de la Coalición de Derechos Sexuales y Reproductivos expresó lo siguiente:
«En este momento, hay niñas de 10 años que fueron embarazadas producto de violaciones. Muchos de los Estados que alegan defender la vida, no le ofrecen opciones para interrumpir el embarazo».
En el primer día de la Asamblea de la OEA, mujeres y diversas organizaciones marcharon bajo la consigna: “Marchamos por la democracia y el respeto de todas las voces en nuestra América”. Bernarda Pesoa, lideresa del pueblo indígena Qom, declaró a EFE: «las mujeres te estamos observando», dirigiendo su mensaje a los representantes de los Estados miembros.
Pesoa instó a la OEA a tomar medidas concretas para proteger a los pueblos indígenas de la explotación sexual y laboral, y para garantizar la defensa de sus territorios.
Otra de las manifestantes, Jessica Arias, una activista del Bañado Sur salió en defensa de la igualdad de género.
«Nosotras, las feministas de los sectores populares, urbanos, campesinos, indígenas, las feministas del feminismo comunitario, entendemos que la igualdad de género es una herramienta y es la esencia que puede garantizar que nosotras podamos acceder a nuestros derechos y a vivir dignamente», afirmó la joven.
La mayoría de las familias en Paraguay no encajan en el modelo que los antiderechos promueven
En definitiva, se revela una grave contradicción entre los principios constitucionales de igualdad y dignidad, y las políticas y discursos adoptados por el gobierno en la Asamblea de la OEA.
Mientras se promulga la defensa de la vida y la familia, estas posturas han marginado y vulnerado los derechos de las comunidades LGBTQI+, indígenas, campesinas, mujeres y niñas.
Además, el lema «provida» y «profamilia» promovido por el gobierno no considera las realidades de las familias y vidas de colectivos marginalizados. Esta postura es, en esencia, una posición ideológica basada en principios religiosos y los privilegios de una élite, que no refleja la diversidad de la demografía del país. La mayoría de las familias en Paraguay no encajan en el modelo que los antiderechos promueven, y al hacerlo, excluyen e ignoran a una gran parte de la sociedad.
La insistencia del gobierno en abolir las políticas de género, la utilización de un discurso religioso y aparentemente bondadoso para enmascarar la restricción de derechos es una estrategia inhumana y cruel, con la excusa de proteger a los niños, niñas y adolescentes.
Sin embargo, utilizan estos argumentos para limitar los derechos de otros colectivos y privar a los propios niños de mecanismos de defensa efectivos.
Este enfoque alimenta un discurso de odio y su misión es la exclusión de las personas LGBTQI+, negándoles sus derechos fundamentales y perpetuando un ambiente de discriminación y violencia.
No solo es inconsistente con los principios democráticos y de derechos humanos que Paraguay afirma defender, sino que también representa un claro retroceso en la lucha por la igualdad y el respeto de todas las voces.
