El Senado aprueba el proyecto de ley que busca controlar a las organizaciones de la sociedad civil. La sesión estuvo plagada de ataques a quienes disienten del pensamiento ultraconservador cartista.
El 8 de julio de 2024, el Senado paraguayo aprobó la ley antONG, una medida legislativa que pretende imponer severos controles sobre las organizaciones de la sociedad civil (OSFL). La ley, promovida por los senadores Gustavo Leite, Basilio Núñez, Natalicio Chase y Lizarella Valiente, busca restringir cualquier forma de pensamiento o expresión que no se alinee con la ideología ultraconservadora del cartismo.
Una ley contra la diversidad de opiniones
La Ley antiONG se presenta como una medida para regular las OSFL, pero su verdadero propósito es restringir la libertad de expresión y silenciar a las voces críticas del gobierno. La ley impone estrictos controles y requisitos de registro a todas las organizaciones que reciban fondos públicos o privados, creando un marco que podría ser utilizado para censurar y reprimir la disidencia.
El Artículo 5 de la ley exige a las OSFL la presentación de balances, actas de asambleas y un código de ética, imponiendo una pesada carga burocrática que podría desalentar la creación de nuevas organizaciones y limitar la participación ciudadana. Este exceso de regulación no se justifica por una necesidad legítima de control, sino que más bien responde a un intento de controlar el discurso público y restringir la libertad de asociación.
Un paso hacia el totalitarismo
La ley no solo busca regular a las OSFL, sino que también abre la puerta a una injerencia estatal sin precedentes en el funcionamiento de estas organizaciones, en especial las que manejan fondos privados.
Al ampliar la definición de OSFL para incluir cualquier entidad que trate de influir en políticas públicas, la ley amenaza con someter a medios de comunicación, universidades y otras instituciones a un régimen de control adicional.
La inclusión de las universidades públicas dentro del ámbito de aplicación de la ley es particularmente problemática, ya que contraviene el principio de autonomía universitaria consagrado en la Constitución Nacional.
El poder otorgado al Ministerio de Economía para supervisar y sancionar a las OSFL podría ser utilizado para debilitar su independencia y silenciar a quienes critican al gobierno. La ley convierte a la supervisión en una forma de censura, creando un clima de miedo y reprimiendo la libertad de pensamiento y expresión.
La Procuraduría General de la República del Paraguay ha recomendado excluir a organizaciones que manejan fondos privados, así como a organismos internacionales que administren fondos privados, del alcance de la ley y moderar las sanciones.
La senadora Esperanza Martínez criticó duramente la ley, describiéndola como una «ley garrote, una ley de miedo, una ley antiorganizaciones, antipensamiento crítico». Según Martínez, la ley refleja el miedo del gobierno a la diversidad de pensamiento y su incapacidad para respetar la Constitución, que garantiza la libertad de todos los ciudadanos.
Violaciones a derechos internacionales
La Ley antiONG contraviene varios derechos fundamentales consagrados en convenios internacionales a los que Paraguay está suscrito, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana de Derechos Humanos.
Estos instrumentos internacionales garantizan la libertad de asociación y de expresión, derechos que la ley pretende restringir en nombre de una supuesta necesidad de control y transparencia.
Varias organizaciones han denunciado que el proyecto de ley viola estos derechos, argumentando que la ley no solo pone en riesgo la libertad de asociación, sino que también establece sanciones severas que podrían ser usadas para perseguir a personas críticas del gobierno.
Las multas, la suspensión de actividades y el cierre definitivo de organizaciones representan medidas desproporcionadas que buscan silenciar a quienes cuestionan al régimen.
El senador Ever Villalba calificó el proyecto de ley como «mediocre, autoritario y nazifascista«, señalando que su principal objetivo es ir contra las organizaciones civiles que se organizan, utilizando la estigmatización y el señalamiento como técnicas para implementar un régimen autoritario.
Una ley censurada y represiva
La ley responde a una agenda diseñada para controlar el pensamiento y eliminar las voces disidentes que han sido una fuente de incomodidad para el gobierno, tal cual lo demostraron los senadores cartistas en sus presentaciones, individualizando a aquellos que militan, que dicen #anrnuncamás, que son la oposición, y que para ellos representan un estorbo que hay que «barrer».
El senador Ignacio Iramain ha señalado que esta ley busca imponer una agenda de pensamiento único, promovida por redes internacionales de fanáticos religiosos fundamentalistas.
«Pero aparte de este proyecto de hegemonía, de hegemonía que nos conduce sistemáticamente hacia un Estado totalitario, estamos en una estrategia política que cumple un libreto paradójicamente instalado desde afuera. Mientras agitan bandera de un falso nacionalismo y de una falsa soberanía. Y esta estrategia avanza alentando y promoviendo la intolerancia. La intolerancia, la discriminación y el odio. Todo estaba ahí», senador Ignacio Iramain.
Está más que claro, que la Ley antiONG representa un ataque frontal a la libertad de expresión, la independencia de las instituciones y la democracia misma en Paraguay. A través de un marco de control excesivo y sanciones severas, esta ley busca silenciar a las voces críticas del gobierno y limitar la participación ciudadana en la vida política del país.
La senadora Lizarella Valiente ha presentado en el pleno del Senado varios vídeos con el fin de individualizar y estigmatizar a las personas de las organizaciones de la sociedad civil, así como a periodistas que no son de su agrado o línea de pensamiento, mintiendo y ajustando una narrativa a su conveniencia, en un intento de desacreditar su labor y justificar el control gubernamental.
En lugar de promover un diálogo constructivo, la ley impone un régimen de censura que va en contra de los principios democráticos y de los derechos humanos. La resistencia de la sociedad civil y el compromiso con la defensa de los derechos fundamentales son más que urgentes y necesarios en este momento crítico.
